CAPÍTULO 1. ¿UN CAMBIO DE PARADIGMA? LA POLÍTICA ECONÓMICA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. José Moisés Martín Carretero

Durante todo el siglo XX, el principal socio comercial para la mayoría de los países era Estados Unidos, sin embargo, en 2020 el líder es China; y no solo lideran el comercio, sino que, junto con los Emiratos Árabes, lideran las inversiones en otros países con las consecuencias políticas que estas tienen.

Martín Carretero destaca positivamente el retorno a la política industrial por parte del sector público, después de décadas de estar proscrita debido a las teorías económicas dominantes. Se ha producido este cambio por el éxito de las economías orientales, donde el Estado tiene un dominio total. Por otra parte, reconocidos economistas están dando a conocer nuevas publicaciones, científicas, con nuevas teorías basadas en datos empíricos, que justifican la necesidad del sector público. Propone la elaboración de un nuevo contrato social donde se introduce el valor de la comunidad respetando el capitalismo y los mercados. También reclama una nueva política monetaria y fiscal, ya que se demostró en la crisis financiera de 2008, que hasta que no se inyectó dinero del sector público, no se reactivó la economía. La necesidad de la intervención del sector público se notó de una manera muy especial con motivo de la crisis producida por la covid-19.

El autor hace una crítica rotunda del neoliberalismo económico, al que define como una serie eslóganes de los años ochenta y noventa y que ha dejado de ser una corriente de pensamiento, para convertirse en una ideología.

CAPÍTULO 2. UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA TRANSFORMAR EL MODELO PRODUCTIVO. Ignacio Muro Benayas

El autor destaca que con los fondos Next Generation, España tiene una oportunidad única para mejorar su modelo productivo, como todos los países, sobre todo en las áreas esenciales. En España destaca que el modelo económico asociado a la construcción fomenta la creación de empresarios rentistas y la corrupción. Por eso los fondos Next Generation pueden ser el impulso que necesita España.

Este cambio de modelo requiere una coordinación de políticas muy diversas: formación de los trabajadores, integración de los inmigrantes, políticas públicas basadas en el cuidado para liberar a las mujeres, potenciación de actividades de I+D en conexión con la industria, colaboración público-privada y democratización del gobierno de las empresas.

Subraya Muro Benayas que España no tiene los recursos de otros países y por eso tiene que ser muy cuidadosa a la hora de elegir los sectores estratégicos. Son doce los sectores elegidos y en todos ellos está presente la transformación digital y el proyecto de favorecer los contenidos en español. Hay sectores clave como la industria agroalimentaria y la transformación energética que tienen un gran efecto motor. Las principales líneas son: ser relevantes en sectores tecnológicos punteros; actuación en los sectores para la transición ecológica; desarrollo del vehículo eléctrico y de una red de electrolineras; sectores vinculados a la economía social y los cuidados.

La conclusión que extrae el autor es que implantar un modelo productivo innovador llevará como mínimo una década y hay muchos retos que superar, por lo que es necesario un arranque potente; eficacia y transparencia en el reparto de fondos; aspectos regulatorios; creación de un tejido empresarial que trabaje coordinadamente; fomentar un cambio en el gobierno con participación de los trabajadores.

CAPÍTULO 3. ECONOMÍA Y ECOLOGÍA: LA URGENCIA DE UN ENFOQUE INTEGRADO. Cristina Narbona

Los efectos del cambio climático están incrementando los costes económicos, aumentando la contaminación y destruyendo los ecosistemas. La situación del futuro puede ser más grave de lo previsto por los científicos. En el caso de España, los episodios de un calor extremo han provocado la muerte prematura de 11.000 personas, está perjudicando a la producción agrícola y puede ser un riesgo en el futuro para el sector turístico.

Se ha estudiado poco por parte de la ciencia la incidencia de la ecología en la economía y, cuando se ha hecho, las conclusiones siempre han estado supeditadas al crecimiento económico. Desde 2006 se han publicado trabajos sobre el coste de ralentizar el calentamiento global, siendo del 1% del PIB global, mientras que el coste de no actuar podría reducir el PIB global en un 20%. Como consecuencia de estos estudios, los expertos proponen un precio internacional del CO₂ para incentivar el abandono de los combustibles fósiles. Pero independientemente de esas medidas, es fundamental regular sectores estratégicos como son: la energía, el agua, la producción agroalimentaria, etc. El Estado tiene que asumir el papel de emprendedor para garantizar la transición ecológica que evite un incremento de las desigualdades.

La pérdida de biodiversidad como consecuencia del calentamiento global tiene un efecto negativo sobre la salud, ya que provoca la expansión de las zoonosis, que han sido las causantes del 60% de las enfermedades infecciosas, entre ellas la causante de la covid-19.

En el caso de España, la transición puede ser más complicada a causa de la persistente sequía, agravándose con la contaminación y sobreexplotación de acuíferos, junto con el incremento de cultivos que exigen una gran demanda de agua. Un ejemplo evidente es la situación del entorno de Doñana.

En 2008, la OCDE lanzó una propuesta para crear indicadores complementarios al PIB para identificar las políticas públicas para la transición. En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 que plantea 17 objetivos de Desarrollo Sostenible para la transformación del modelo de producción actual. En 2023 se hizo una evaluación de los objetivos y se han producido retrocesos como consecuencia de la covid-19 y la guerra en Ucrania al haberse incrementado los subsidios a los combustibles fósiles.

CAPÍTULO 4. IMPULSAR CON RECURSOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS. Cecilia Castaño, María Ángeles Sallé, Lina Gálvez y Ruth Rubio

“Los cuidados constituyen todas las actividades de atención a las necesidades que requieren las personas para garantizar el sostenimiento y reproducción de su vida, así como su bienestar físico y emocional (Lina Gálvez)” En la actividad de los cuidados hay una parte remunerada: sector educativo, sanitario, servicios sociales, atención a la dependencia, etc. Pero existen trabajos de cuidados no remunerados que realizan las familias, especialmente las mujeres. Según el INE, por 100 horas de trabajo remunerado, se producen 130 horas de trabajo no remunerado.

Los cambios sociales con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo han hecho inviable el modelo de cuidados que protagonizaba fundamentalmente la mujer. Se ha pasado del modelo sostenedor varón/cuidadora mujer, a dos sostenedores, pero no dos cuidadores. Aparte de que el 10% de las familias son monoparentales y el 80% encabezadas por una mujer.

Las políticas de igualdad de género se han centrado en promover el empleo femenino, pero sin acompañarlas de unos servicios públicos para atender la demanda de cuidados. Lo que se ofrecía era reducción de jornada laboral y excedencias a las mujeres, perjudicando su proyección laboral y económica, además de seguir con los roles de género.

Los trabajos de cuidados los realizan fundamentalmente mujeres sin reconocimiento social y muy mal pagados, con una mención especial por el trabajo de las empleadas de hogar realizado por inmigrantes sin derechos sociales, hasta que en septiembre de 2022 se aprobó la equiparación de derechos.

Los datos concluyen con la grave situación en que se encuentran los cuidados y que plantean dos líneas de actuación: por una parte, dotar de más recursos públicos a los cuidados y, por otra parte, tomar medidas para que el trabajo de cuidados no remunerados sea equitativo entre hombres y mujeres, para lo que es fundamental la colaboración de las empresas.

El Parlamento Europeo, en un informe sobre la pobreza de las mujeres, plantea que las transiciones digital y verde, se planteen con perspectiva de género para que se consiga la igualdad de género. Pero más allá de aplicar la perspectiva de género a todas las políticas, debería haber una tercera transición: la transición de los cuidados y la igualdad de género, con una importante financiación pública.

Por todo ello, las autoras plantean la necesidad de un plan estratégico donde se señalan de una manera muy detallada los objetivos tal y como se ha ido describiendo a lo largo del capítulo y los recursos públicos necesarios que se pueden obtener de los diferentes fondos europeos.

CAPÍTULO 5. TRANSICIÓN DIGITAL Y DESIGUALDAD TERRITORIAL. Ignacio Muro Benayas

La transición digital, junto con la demográfica y la medioambiental, están cambiando las relaciones norte-sur y los modelos de desarrollo económico. Con el fin de la Guerra Fría se inicia un proceso de globalización multilateral, donde la actividad y la tecnología se desplazan sobre a todo a China y al sureste asiático, países con bajos salarios y pocos derechos, con lo que el PIB de EE. UU. y Europa que en los años setenta suponían el 60% del PIB global, pasan a suponer el 40% en la primera década del siglo XXI.

La actual globalización se concentra en las ciudades como consecuencia de la nueva economía basada en los servicios, aunque las regiones industriales mantienen su peso. Las grandes ciudades absorben una parte importante de los recursos disponibles, tanto de capital, como de energía y talento.

La nueva geografía económica genera las economías de aglomeración, que producen mayores rendimientos al localizar las empresas cerca de otras empresas de diferentes sectores. Los afectados por la economía de aglomeración son, por una parte, los ciudadanos de esas ciudades que tienen que irse a las periferias por el incremento del precio de la vivienda y, por otra, las ciudades medianas próximas porque reducen sus recursos humanos y de capital.

En España siempre ha habido desequilibrios territoriales producidos por la concentración del poder político y económico de Madrid por el efecto capitalidad y los beneficios fiscales. Pero paralelamente también se han producido movimientos migratorios, primero de la España rural a la ciudad debido a la mecanización del campo y actualmente de las ciudades medianas a Madrid. La pandemia ha provocado un efecto contrario, ya que la digitalización ha permitido el teletrabajo, lo que facilita el trabajo en la periferia.

Para reequilibrar de nuevo el territorio, la solución pude venir de impulsar el federalismo. Un estado federal tiene un mayor componente de cooperación, pero que debería incluir en la forma jurídica de Madrid para adaptarla como distrito federal, por lo que sería un territorio bajo la soberanía del Estado sin ser parte de una provincia de la federación.

CAPÍTULO 6. ALGUNOS PROBLEMAS SOCIALES RELACIONADOS CON LA DEMOGRAFÍA. Juan Antonio Fernández Cordón

Lo más importante de este capítulo, es la aportación de datos y argumentos para desmontar el relato de la derecha sobre la natalidad, la inmigración y las pensiones.

En primer lugar, desmonta el declive demográfico. A pesar de que en la Unión Europea la fecundidad no alcanza el promedio de 2,05 hijos que garantiza una población constante, se compensa con la incorporación de la inmigración y a continuación, analiza los distintos efectos de la inmigración. Destacando que mientras los inmigrantes en edad de trabajar suponen el 45%, los dependientes (menores de 20 años y mayores de 65%) representan alrededor del 16%. También se destaca que la distribución territorial de la inmigración es muy diferente en España: mientras en Extremadura la población inmigrante supone el 7%, en Cataluña supone el 36%. La inmigración, que es fundamental para mantener el equilibrio demográfico, se tiene que producir de una forma ordenada y teniendo en cuenta el paro existente en España; es necesario desarrollar políticas activas de empleo para evitar las críticas a la inmigración como causantes del desempleo y al mismo tiempo se han que crear políticas de inserción de los inmigrantes.

En el capítulo introduce el tema de la baja fecundidad y lo atribuye a la dificultad de los jóvenes para tener trabajos decentes y para acceder a la vivienda. Cuando crean una familia, necesitan dos trabajos, lo que dificulta la crianza de hijos, al no haber políticas públicas que favorezcan la conciliación. Las políticas públicas tienen que ir dirigidas a la creación de servicios y no en las subvenciones a la natalidad que promueve la derecha.

Las amenazas que hay sobre las pensiones no son tanto por el declive demográfico, como la moderación salarial y la precariedad. Los intentos de rebajar las futuras pensiones afectan especialmente a las mujeres que tienen salarios más bajos. Por otra parte, los planes de pensiones privados son menos rentables que los públicos.

Para concluir el tema de las pensiones públicas, aconseja que tienen que ser estructuralmente estables, considerando la esperanza de vida y la población activa trabajadora. Para mantener el poder adquisitivo de los jubilados habría que aumentar las cotizaciones por jubilación o los ingresos por otras fuentes. Para afrontar posibles crisis económicas, se debería crear un fondo de reserva que permita con los superávits compensar los déficits. También se podría acudir al endeudamiento que se compensaría con superávits posteriores.

CAPÍTULO 7. CRECIMIENTO, INFLACIÓN, INVERSIÓN. POR UNA NECESARIA COORDINACIÓN ENTRE POLÍTICA MONETARIA Y POLÍTICA FISCAL. Carles Manera

Carles Manera describe a lo largo del capítulo las diferentes opciones para afrontar las crisis, y la primera medida que hay tomar es una combinación de política fiscal y monetaria para hacer frente a los grandes retos económicos: el cambio climático, la evolución de la demografía y la digitalización. Ante estos retos, cita a Mazzucato quien critica su externalización con consultoras privadas y defiende que sean asumidos por la propia Administración para generar beneficios para la ciudadanía, en contra de la doctrina dominante que defiende una intervención mínima del sector público, solo para corregir los fallos del mercado.

Según datos empíricos, el PIB en España tiene que crecer por encima del 2,5% para crear empleo. Otro dato empírico es que con una inflación moderada puede haber crecimiento y reducción del paro. Por otra parte, estudios recientes confirman que cuando se pretende bajar los precios de forma brusca o cuando se mantiene una inflación cercana a cero, se dan consecuencias negativas en la economía.

A partir de aquí, el autor propone como solución, que apoya hasta el FMI, la intervención del gasto público para disminuir la desigualdad, frente a la ideología económica del momento, cuyo objetivo es promocionar los incentivos al trabajo. La desigualdad es ideológica y no técnica y, por tanto, se puede evitar mediante un sistema fiscal más justo.

La importancia de la intervención del sector público en la economía se ha visto de una manera muy nítida con motivo de la pandemia y la guerra de Ucrania, que ha obligado al Estado a intervenir para dirigir los procesos productivos. Para que haya un efecto positivo se tienen que coordinar las políticas fiscales y monetarias, que no es fácil porque las políticas monetarias la señalan los bancos centrales y las políticas fiscales son responsabilidad de los gobiernos.

En este debate, hay que introducir el tema de la inflación, ya que representa un peligro para el desarrollo de la economía. Por los datos que se aportan, la causa de la inflación no está en los incrementos salariales, sino en los incrementos de los beneficios empresariales. Ante la inflación, los bancos centrales actúan subiendo los tipos sin coordinar las políticas fiscales, que puede ser normal en una primera fase, pero que no tiene sentido mantener cuando la inflación está bajando, hay que tener presente que no es lo mismo una inflación como consecuencia del shock de oferta, que el de demanda.

En estos momentos, aunque de una forma tímida, está cambiando la ideología dominante debido al importante papel que está tomando el Estado en la economía con diferentes medidas. Incluso el FMI es partidario de subir los impuestos a las rentas más altas para pagar la factura de la pandemia. En definitiva, cuestionando las clásicas medidas neoliberales de controlar el gasto, equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit.

CAPÍTULO 8. FINANCIACIÓN PÚBLICA, FISCALIDAD SUFICIENTE. Juan Gimeno Ullastres

España necesita una reforma fiscal para abordar el costo de un mayor gasto público de los nuevos proyectos y mejorar las prestaciones actuales. Hay margen para un incremento, ya que el porcentaje de España sobre el PIB es 3 puntos por debajo del porcentaje medio de la UE, y muy por debajo de los países más importantes. El fin de la relajación de las medidas fiscales en la UE va a obligar a efectuar correcciones que no pueden ir por la reducción en el gasto, dadas las nefastas consecuencias de la anterior crisis.

Gimeno Ullastres señala que más que subir o bajar impuestos, lo que hay que hacer es eliminar privilegios: de las rentas del capital respecto de las rentas del trabajo; de las grandes empresas respecto de las pymes; de las transacciones financieras respecto del resto de transacciones; del capital financiero respecto del inmobiliario. Propone unas líneas básicas: simplificar tributos para ser más equitativos; revisión de las bonificaciones fiscales porque suelen ser regresivos; buscar la progresividad centrándose básicamente en los impuestos sobre la riqueza, las sucesiones y donaciones, con mínimos exentos elevados; no centrarse en incrementar los tramos elevados de renta, sino centrarse en los ingresos de los patrimonios financieros.

También es necesario plantear nuevos impuestos: sobre las transacciones financieras; sobre las empresas que tengan más de un 20% de su mercado para favorecer la competencia; impuestos extras los beneficios “caídos del cielo”; impulsar un mínimo de tributación por encima del 15% a las multinacionales en los países donde se generan los beneficios.

CAPÍTULO 9. OLIGOPOLIOS, PRECIOS, ELECTRICIDAD Y REGULACIÓN. Jorge Fabra Utray

Fabra analiza aquellos sectores oligopolísticos cuya demanda no tiene elasticidad al precio y, por tanto, tienen un gran poder de mercado. Entre ellos están los sectores, bancarios, telecomunicaciones y la energía (petróleo, gas y electricidad) que, debido a las fuertes inversiones necesarias, son una barrera para la entrada de competidores, por lo que se perpetúa el oligopolio y por eso es fundamental su regulación. La desregulación beneficia al gran capital, perjudicando a los ciudadanos.

Cuando los precios suben como consecuencia de un shock de oferta, como ahora debido a la guerra de Ucrania y Oriente Medio, no se pueden aplicar medidas, como si la subida de precios fuera consecuencia de un shock de demanda. La ausencia de unanimidad en el diagnóstico entre el BCE y los Estados miembros provoca medidas equivocadas, como la subida de los tipos de interés, que lo único que consigue es agravar la situación. En estos casos es fundamental la coordinación entre las políticas monetarias y las fiscales.

Jorge Fabra se centra en el sector eléctrico como paradigma del oligopolio y de la formación de precios, que ha provocado un fuerte incremento de estos. El autor define a la electricidad como un bien compuesto por kWh muy diferentes y con grandes diferencias en sus costes fijos y variables de producción, aunque el criterio actual ignora este aspecto y, por tanto, se ofertan todos al mismo precio y siempre al más caro que es el gas. El diseño del mercado eléctrico del futuro debe tener en cuenta la energía renovable y los costes medios producidos por cada tecnología, buscando la competitividad y luchando contra el calentamiento global.

El autor critica el cambio de los órganos reguladores donde se elimina los reguladores sectoriales para centrarlos en un solo: la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC). Propone en su lugar dos tipos de instituciones: una autoridad de competencia cuya intervención ejerce ex post y una autoridad reguladora que actúa ex ante. La necesidad de contar con reguladores competentes es fundamental para evitar los oligopolios marquen los precios, ya que en su caso no existe el libre mercado.

CAPÍTULO 10. REEQUILIBRAR EL PAPEL DEL TRABAJO EN LAS RELACIONES LABORALES COLECTIVAS. Antonio González González

El autor identifica las causas del desequilibrio, en las relaciones laborales en España, causantes de la desigualdad y aporta posibles medidas para buscar un equilibrio en las relaciones colectivas. Reconoce que en la pasada legislatura se ha avanzado bastante en la búsqueda del equilibrio a pesar de las difíciles circunstancias vividas. Se han tomado profundas medidas para reducir la temporalidad, para elevar el salario mínimo, y los ERTE para minimizar el impacto de la pandemia.

A pesar de estas mejoras, el autor aporta diferentes datos y cuadros para demostrar la debilidad estructural del mundo del trabajo. El primer dato que aporta es la baja participación del trabajo en la distribución primaria de la renta, que impide con la posterior redistribución a través de los impuestos disminuir la desigualdad y la pobreza.

Otra de las circunstancias que destaca es el estancamiento de los salarios reales durante muchos años, de tal manera que existe trabajadores con rentas inferiores al umbral de pobreza, al contrario de lo que ha pasado con la mayoría de los países de la UE donde se han producido incrementos de los salarios reales muy importantes. Otro de los aspectos que se analiza es el efecto de la inflación en los salarios. En los datos que aporta, se aprecia que, en España con una inflación similar a los países de la UE, el crecimiento de los salarios nominales ha estado muy por debajo de la mayoría.

Señala como aspecto negativo para la estructura del mundo de trabajo, el exceso de oferta del trabajo, que es superior a la mayoría de los países de la UE y que está relacionada con la desregulación. También se observa que el incremento del empleo se ha concentrado en los salarios más altos y en menor medida en los bajos, siendo los salarios medios los que han perdido empleo. También se observa una polarización en función del nivel educativo, saliendo beneficiados los salarios altos y perjudicados los salarios medios y bajos.

En el mercado español de trabajo, se produce un uso excesivo del empleo temporal y del despido no justificado, afectando especialmente a los trabajadores con menos antigüedad y, por tanto, a los más jóvenes. También se aprecia una peor posición de España respecto de otros países en relación con las negociaciones colectivas, así como en la protección frente al despido. Por otra parte, los sindicatos tienen escasos medios para la defensa de los trabajadores, ya que tienen que defender a todo el conjunto y no solo a sus afiliados. Además, los salarios más altos no necesitan a los sindicatos, por lo que se centran en los salarios más bajos.

CAPÍTULO 11. UNA REFORMA EMPRESARIAL PARA DEMOCRATIZAR LA ECONOMÍA. Mónica Melle Hernández

La autora describe el capitalismo actual como injusto y poco eficiente que debilita la democracia y aumenta las desigualdades sociales, por lo que es esencial regular la fuerza del mercado, sobre todo en algunos sectores estratégicos como el bancario o el eléctrico. En el caso de este último, el Gobierno actual ha conseguido, con la autorización de la Comisión Europea, que el precio de la electricidad no dependa del precio del gas, con lo que se ha reducido su precio en un 30% y explica el diferencial del crecimiento de España respecto de otros países.

La Comisión recomienda mejorar los informes sobre el gobierno corporativo cuando no se siguen las recomendaciones del Código de buen gobierno y al mismo tiempo, plantea la necesidad de nuevas normas para mejorar la eficacia de los consejos de administración y para que las juntas generales de accionistas tengan más protagonismo. Los supervisores de los mercados deben ser independientes del Gobierno y del mercado. Los informes no deben basarse solo en lo económico financiero, sino también en temas sociales y medioambientales.

Mónica Melle propone realizar cambios legislativos para que, trabajadores, consumidores, proveedores y demás colectivos, sean tenidos en cuenta. Ese modelo de gestión ya está implantado en Alemania, Austria, Holanda, Francia y los nórdicos, lo que permite una mayor productividad en sus empresas, evitando la devaluación salarial y el incremento excesivo de las rentas empresariales y la de los altos directivos.

Para conseguir estos objetivos, hay que poner en marcha políticas de predistribución y que, a través de la fiscalidad, desaparezcan las deducciones regresivas. Finalmente, destaca que existe otro elemento de desigualdad en las empresas, que es la de género y sobre todo en los puestos directivos, sin embargo, demuestra que una mayor presencia femenina crea más valor a corto y largo plazo.

CAPÍTULO 12. RESOLVER LOS PROBLEMAS HISTÓRICOS DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA. Julio Rodríguez López

Señala el confuso marco donde se mueve la política de vivienda en España, al tener las autonomías la competencia en vivienda, pero el Estado es el que aporta la mayor parte de los recursos. Por otra parte, desde 2020 se ha agravado el problema de la vivienda en España, porque a la demanda como vivienda habitual, se suma una demanda como activo financiero y en las zonas turísticas, como alojamiento para el turismo en detrimento de la vivienda habitual, con la consecuente subida de precios, que entre 2014 y 2022 la vivienda subió un 56,2%, mientras que los salarios subieron el 13,9%

El autor aporta las diferentes carencias que tiene España con la vivienda. En primer lugar, la poca presencia de vivienda social muy lejos de la media europea y especialmente lejos de algún país. Destaca que, en los distintos planes de vivienda, no se contemplaba las necesidades de los hogares, sino que la construcción de viviendas se planteaba como un impulso a la actividad económica. Por otra parte, el porcentaje de los hogares en régimen de alquiler en España son bajos (18,1% en 2022) y están ocupados fundamentalmente por jóvenes y emigrantes, colectivos con menos recursos.

Para resolver este grave problema, se tiene que producir una gran iniciativa pública, ya que, para estar en la media europea de viviendas sociales, es necesario un parque de dos millones de viviendas; como el parque actual es de 450.000, hay un déficit de 1.550.000 viviendas. Un objetivo razonable sería ampliar el parque en un millón de viviendas hasta 2030, con un costo 5.000 millones anuales (el 0,4% del PIB). Señala los pasos a dar: la financiación a través del ICO, que obtendría los fondos de las aportaciones del Gobierno, de los fondos europeos y de la emisión de bonos; el Gobierno establecería convenios con las autonomías y ayuntamientos; se mantendría el apoyo a la rehabilitación; aprovechar viviendas de la Sareb y efectuar un mayor gravamen sobre las viviendas vacías.

Para conseguir un equilibrio en los alquileres, se necesita un control sobre los mismos, aunque es difícil plantearlo para que sea racional y eficiente, ya que no se disponen de los necesarios datos estadísticos, aunque ya existe el control de los alquileres en países como Francia, Alemania, Benelux y Suecia.

Finalmente, el artículo concluye con la actuación sobre la rehabilitación y la ley que la regula. Especialmente se centra en la mejora de la eficiencia energética, ya que el parque de viviendas es antiguo (el 83% tiene más de 40 años) y de 20 millones de viviendas, más de 9 millones necesitan una reforma urgente. Como dato final para conseguir la neutralidad climática en 2050, indica que los edificios consumen el 40% de toda la energía, emiten el 36% del CO₂ y consumen el 55% de la electricidad.

CAPÍTULO 13. LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANA. IMPREGNAR LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, FEMINISTA E INTERSECCIONAL. Gloria Alarcón García

La autora se centra en la importancia que tienen los presupuestos para la igualdad entre hombres y mujeres y propone a lo largo del capítulo que la perspectiva de género debe estar presente en todo el documento y no solo centrarse en los ministerios sociales: Igualdad o Asuntos Sociales

Pasa a definir lo que son presupuestos con perspectiva de género: son los que tienen como objetivo eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres sin necesidad de hacer presupuestos extraordinarios, sino que se tengan presentes las distintas necesidades entre hombres y mujeres y quiénes son los principales beneficiarios de las partidas de gasto, teniendo presentes las distintas variables: edad, renta, nivel educativo, etnia, religión, emigrante, etc.

Alarcón introduce el concepto de “infraestructuras públicas para la vida cotidiana” empezando por analizar las necesidades diarias de la mujer y todos los movimientos que tiene que realizar para desarrollarlas. Para ello se han realizado encuestas sobre las infraestructuras donde se desarrolla la vida diaria de la mujer: las mujeres valoran más el transporte público que los hombres; también valoran más que los hombres las infraestructuras relacionadas con el espacio público.

Señala que las infraestructuras públicas para la función productiva (aeropuertos, autovías, plazas públicas) se dedican más recursos que para la función reproductiva (transporte público, colegios, guarderías, centros para la atención de la dependencia) por lo que los presupuestos deberían cambiar esa tendencia, para igualar las dos funciones.

CAPÍTULO 14. DESPUÉS DE LA PANDEMIA. LA RECUPERACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA. SIN SALUD NO HAY VIDA NI ECONOMÍA. Emili Ferrer Inglés

La salud es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en la actualidad: hace una década figuraba en el penúltimo lugar en el orden de las preocupaciones y actualmente se sitúa en segundo lugar. Esta situación tiene que ver con políticas neoliberales de reducción de impuestos, que provoca la reducción de servicios públicos.

La pandemia visualizó las disfunciones del SNS: descoordinación autonómica, inexistencias de economías de escala, falta de planificación y multiplicación de recursos. También se visualizó la vulnerabilidad de la gente y la fragilidad del planeta, por lo que cobró suma importancia lo público frente al mercado.

Emili Ferrer aporta diferentes cuadros e indicadores donde se evidencia que partir de los recortes de 2010, baja el gasto en sanidad y al compararlo con los principales países de la Unión Europea estamos por debajo y con diferencias importantes entre las distintas autonomías.

El autor plantea que siendo importante el gasto, también es muy importante la eficiencia del gasto y hace una serie de consideraciones para mejorarla, situando la Atención Primaria en el centro de la mejora. La situación actual es poco eficiente, porque disminuyen las visitas a la AP y aumentan las urgencias hospitalarias, que tienen un mayor costo. Por otra parte, la AP tiene una misión fundamental que es la de prevenir y seguir la evolución de los ciudadanos a lo largo de su vida. Por todo ello es fundamental aumentar las plantillas y mejorar sus condiciones laborables.

Define la necesidad de realizar una gestión estratégica de la sanidad pública para que tenga un carácter equitativo que reduzca la desigualdad. Propone aumentar la capacidad de respuesta ante futuras pandemias; unificar los distintos servicios; garantizar el cumplimiento de la eutanasia; aumentar la visibilidad de las mujeres; mejora de la salud mental; conciliar la eficiencia de los conciertos público-privados con la equidad por objetivo.

Finalmente, traslada la preocupación por el crecimiento del gasto sanitario privado, que está por encima de la media de los países de la zona euro, muy por encima de los principales países y también con importantes diferencias entre autonomías.

F.M.M.

Economistas frente a la crisis (EFC por sus siglas) es una iniciativa impulsada en 2011 por un grupo de profesionales preocupados con el diagnóstico y los principios bajo los que estaba siendo gestionada la crisis de 2008. Nacieron para oponerse a sus soluciones, que implicaban ajustes sociales y fiscales fuera de toda lógica económica, con el objetivo declarado de caminar hacia una sociedad en la que el Estado disminuyera su papel como actor económico y en la que la desregulación de los sectores económicos y la privatización de los servicios y prestaciones sociales aumentaba la brecha de la desigualdad. Esos postulados han guiado al mundo durante todos los años de la Gran Recesión y han propiciado la indefensión de las estructuras públicas y debilitado a las sociedades.

Más información en su página web Economistas frente a la crisis. El pensamiento económico al servicio de los ciudadanos