Eloi Serrano y Robles (*)

Durante demasiado tiempo el cooperativismo y los modelos empresariales de la economía social han sido tratados como una pieza menor del rompecabezas económico, un sector específico destinado a corregir ciertas disfunciones sociales oa ocupar nichos productivos de proximidad. Pero esa mirada es insuficiente y, sobre todo, desconectada de su potencial empresarial, político y democrático. El cooperativismo es un modelo empresarial y una teoría práctica de cómo se puede repartir el poder económico. Y en este sentido, el cooperativismo y el socialismo democrático comparten un mismo hilo conductor: la convicción de que la emancipación humana sólo es posible cuando existe autonomía económica. Pero esa autonomía no puede ser individual en el sentido liberal clásico; debe ser colectiva, porque el poder económico es estructural y es necesario contrapesarlo, junto con otras herramientas, con instituciones colectivas.

El socialismo democrático tradicionalmente ha tenido clara esa idea. De hecho, su lectura de la libertad nunca ha sido puramente formal: la libertad requiere condiciones materiales que la posibiliten. Y en ese punto el cooperativismo y los modelos empresariales de la economía social son un aliado natural. Una sociedad que fortalezca la democracia económica en un sentido amplio es una sociedad en la que la emancipación comienza dentro mismo de la economía. Esto tiene implicaciones profundas: las cooperativas, por ejemplo, no redistribuyen la riqueza que genera otro; producen riqueza de otra forma, de forma inclusiva, fruto de la estructuración democrática de la empresa. No actúan después del mercado, sino que definen una forma alternativa de mercado. Por eso decimos que son instituciones predistributivas. Piketty lo formula con claridad: la desigualdad no es sólo un resultado, es una arquitectura institucional, a la que podemos hacer frente con múltiples herramientas, donde deben incluirse firmemente las fórmulas organizativas de propiedad compartida.

Cuando analizamos la historia económica y política, esta relación entre instituciones, tecnología y poder todavía queda más clara. Las grandes revoluciones tecnológicas han ido siempre acompañadas de revoluciones políticas. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial son contemporáneas no por casualidad sino porque el cambio en las fuerzas productivas exigió un cambio en las formas de gobierno. La reorganización del trabajo, la urbanización y la acumulación de capital transformaron completamente las relaciones sociales, y la política tuvo que redefinir derechos, propiedades e instituciones para adaptarse a un mundo que ya no podía gobernarse con las herramientas del pasado. Un siglo después, la producción en cadena y la sociedad de masas dieron lugar al Estado social, a la negociación colectiva ya la construcción de derechos sociales que repararon las fracturas del capitalismo industrial. Este patrón se repite: cuando existe transformación tecnológica, hay transformación política. Y si ésta no se produce, aparecen desequilibrios que se expresan en desigualdades, conflictos y regresiones democráticas.

Hoy estamos inmersos en una nueva revolución tecnológica, marcada por la digitalización, el peso del sector financiero y el avance de la inteligencia artificial. Este nuevo ciclo, tal y como explican Acemoglu y Stiglitz, está generando una concentración de poder económico sin precedentes, porque las economías de escala y datos tienden al oligopolio global. Mientras, los mecanismos políticos no han evolucionado al mismo ritmo. Hemos vivido una globalización económica intensa pero no hemos creado una globalización política capaz de gobernarla. Y aquí aparece el desajuste que explica buena parte de los problemas de nuestro tiempo: crecientes desigualdades, crisis climática acelerada y degradación democrática. Krugman lo ha recordado en varias ocasiones: los populismos no surgen de la nada, sino de una sensación de pérdida de control sobre las condiciones materiales de vida. Y este descontrol deriva, en gran medida, del divorcio entre una economía que opera globalmente y unas instituciones políticas que siguen ancladas en marcos nacionales.

La socialdemocracia tiene la responsabilidad histórica de revertir ese desequilibrio. Y debe hacerlo por tres vías complementarias:

1.  La primera es consolidar y modernizar el estado del bienestar. Ninguna sociedad puede aspirar a la igualdad de oportunidades sin una estructura robusta de derechos sociales: educación, salud, cuidados, vivienda, protección laboral y fiscalidad progresiva. Pero hoy esto no es suficiente. Es necesario adaptar el Estado social a una economía digital con flujos transnacionales, lo que implica reformas fiscales que graven rentas digitales globales, un sistema de cuidados universal y más inversión pública en conocimiento e investigación, porque el conocimiento es el principal vector de prosperidad en el siglo XXI.
2. La segunda vía es la política global: es necesario liderar un federalismo europeo y contribuir a una gobernanza democrática global. Sin una Europa federal, la capacidad de regular plataformas digitales, datos e inteligencia artificial es mínima. Y sin instituciones multilaterales fuertes, la lucha contra el calentamiento global y el oligopolio tecnológico es inviable. Tal y como explica Rodrik, la globalización sólo es compatible con la democracia si existen instituciones capaces de equilibrar poder económico e interés colectivo. Hoy esa arquitectura no existe; es necesario construirla. La lucha por la igualdad y la libertad es la lucha por un verdadero federalismo europeo y global.
3. La tercera vía es la menos explorada y probablemente la más transformadora: impulsar la democratización económica. Es decir, reforzar la democracia desde dentro de la economía. No es suficiente con regular mercados; es necesario crear instituciones económicas que repartan poder. Y aquí el cooperativismo y los modelos empresariales de la economía social se convierten en centrales. No sólo por motivos morales o históricos, sino porque ofrece un modelo institucional y empresarial capaz de equilibrar el poder económico en un momento en que éste tiende a concentrarse. Las cooperativas distribuyen el excedente, arrastran menos volatilidad, generan arraigo territorial, refuerzan la cohesión social y crean mecanismos de participación que son, en sí mismos, educación democrática. Son un puro ejemplo de institución predistributiva porque corrigen la desigualdad antes de que ésta se produzca.

Si unimos estas tres dimensiones, estado del bienestar, gobernanza global y democracia económica, obtenemos una visión socialdemócrata completa, adaptada a los retos del siglo XXI. Paradójicamente con herramientas que conocemos desde hace mucho tiempo, y que conforman el ideario socialdemócrata. Y es aquí donde el nexo entre la economía social y el socialismo democrático se hace más evidente, y es necesario recordar. Ambos comparten una misma finalidad: crear las condiciones materiales de la libertad. Ambos entienden que la igualdad no puede dejarse en manos de mercados desregulados ni modelos empresariales extraactivos. Y ambos parten de una premisa fundamental: la democracia sólo es estable cuando el poder económico está distribuido.

Si la socialdemocracia quiere seguir liderando en este momento histórico, es necesario que vuelva a abrazar esta idea. La emancipación comienza cuando la gente tiene capacidad de decisión sobre su vida económica. Y esto no se logra únicamente con derechos individuales, sino con instituciones políticas y económicas colectivas. El cooperativismo y la economía social es una de las más potentes. No es un complemento del socialismo democrático. Es una de sus expresiones más completas.

(*) Eloi Serrano i Robles es doctor en Economía Aplicada por la Universidad de las Illas Baleares y doctor en Historia Económica por la UAB